La fiscalización del Tribunal se centró en las infraestructuras de
abastecimiento de agua para uso doméstico cofinanciadas en virtud de las
Medidas Estructurales de la UE durante el periodo de programación 2000-2006 en
España, Grecia, Portugal e Italia, principales receptores de financiación de la
UE en este ámbito. Las infraestructuras están destinadas a aumentar la
disponibilidad de agua, mejorando la calidad del agua distribuida y la
eficiencia de los sistemas de abastecimiento. El objetivo de la fiscalización
fue determinar si se adoptaron las soluciones más adecuadas, si los proyectos
cofinanciados resultaron satisfactorios y si los objetivos se alcanzaron al
menor coste para el presupuesto de la UE.
